LA INTENCIÓN DEL GOBIERNO DE LEGALIZAR la comercialización de marihuana nos decepciona y nos pone en un estado de alerta.
En un marco de deterioro del tejido social, de pérdida sistemática de valores y de fracaso de las políticas sociales, ésta “solución” significa un retroceso, cuyas consecuencias creemos serán nefastas.
Nuestro enfoque no es de tolerancia con las drogas. Los daños para el individuo y la sociedad son en nuestra opinión, demasiado grandes como para hacer la vista gorda y proponer medidas tendientes a banalizar su consumo y normalizar la convivencia con ellas.
Sentimos que el gobierno se está entregando, incapaz de llevar adelante el combate al narcotráfico, la educación, asistencia y rehabilitación que el problema de las drogas requiere. Antes de ensayar este tipo de medidas, se tendría que haber puesto el énfasis en lograr que la Junta Nacional de Drogas estuviese a la altura de sus cometidos, desarrollando políticas eficaces y eficientes.
En la actualidad existen muy pocos mecanismos de asistencia y rehabilitación al adicto. Los datos muestran una gran demanda de estos servicios en todo el país, que dista mucho de ser cubierta.
Es fundamental lograr una articulación que hasta ahora no se ve en el tratamiento del tema, para poder abarcarlo en todos los factores que requieren la acción del estado.
Recordemos que más allá del aspecto sanitario, el consumo de drogas tiene en su raíz una dimensión social amplia que incluye temas educativos, de crisis familiar y de seguridad entre otros.
Estamos convencidos de la necesidad de entender desde una perspectiva más general e integradora el problema, fruto del trabajo que hacemos desde hace años y cuyas conclusiones al día de hoy fueron presentadas en dos informes que compartimos con nuestros compañeros de Alianza Nacional.
Estos documentos se encuentran disponibles en www.veronicaalonso.com y recomendamos su lectura para entender con mayor profundidad el alcance del problema y las soluciones que proponemos.
Además de reclamar otro enfoque nos parece que las razones puntuales esgrimidas para tomar un paso tan trascendente, son pobres e infundadas. Todo este tema ha tenido el mismo aire de liviandad e impulsividad que lamentablemente caracterizan muchas de las propuestas del presidente.
La idea de que la marihuana ocupe el lugar de la pasta base, lanzada con la convicción de minimizar el daño, ha sido categóricamente desmentida por los especialistas. Puntualmente el SMU afirma que “No existe evidencia científica de que con una mayor accesibilidad a la marihuana se reduzca el consumo de pasta base o de otras drogas”.
Como toda droga implica daños a la salud y su consumo puede llevar a la dependencia. Su relación con el aumento de casos de depresión y esquizofrenia está estudiada y documentada, y de sus efectos cancerígenos no cabe la menor duda. Que un Estado se dedique a producir y comercializar esta sustancia es lisa y llanamente inmoral.
No se trata de un tema de “libre albedrío” o de derechos individuales, lo que queremos es evitar que el Estado se convierta en proveedor de un grupo vulnerable, legitime y naturalice una condición desgraciada.
La decisión del adicto puede ser en el comienzo una simple cuestión de elección, pero gradualmente se transforma en una esclavitud en la que el deterioro de sus facultades y el quiebre de su voluntad requiere ayuda. Es allí donde el Estado debe cumplir un rol de orientador y rehabilitador, no de facilitador del consumo.
Por último tampoco nos parece un hecho que esta medida logre disminuir el narcotráfico. Por el contrario, es de suponer que los narcotraficantes no van a tomar con naturalidad la pérdida de un mercado y sus correspondientes ingresos. Lo que vamos a tener con mucha probabilidad es una promoción más decidida por parte de las organizaciones criminales hacia el consumo de otras drogas más dañinas.
Hoy nos enfrentamos a una realidad muy triste, frente a la que no queremos claudicar. Un país envejecido que necesita con urgencia jóvenes despiertos con posibilidades de desarrollar su potencial para beneficio de todos.
Sin embargo contamos por centenares de miles los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, en hogares con lazos familiares rotos, con un sistema educativo deficiente y con políticas sociales equivocadas.
No queremos un gobierno que colabore en el deterioro de su salud y el detrimento del potencial de los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes. No queremos un gobierno resignado al “mal menor”.
Para resolver el problema hay que ir a la raíz y eso solamente lo podemos lograr coordinando múltiples enfoques, desde una perspectiva integral. Teniendo como fin la reconstrucción de un tejido social y una vida familiar en la cual, la dignidad y la educación que los padres puedan brindarle a sus hijos sea la primer barrera contra las drogas.
Esa será nuestra obsesión, especialmente por todas aquellas familias que no quieren un gobierno que se resigne.
 |
Lic. Verónica Alonso
|
0 comentarios:
Publicar un comentario